Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer que en la capital del país hay 82 mil personas en calidad migratoria regular y 8 mil 500 personas en calidad irregular.
Precisó que de las personas que se encuentran en la Ciudad de México sin papeles, el 0.25% hizo algún tipo de denuncia, cifra que se atribuye al temor a ser deportados.
De acuerdo con el “Informe Migrantes. Análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012″, los delitos que denuncia este sector de la población son violación, secuestro, homicidio o tráfico de personas.
Martín Álvarez Gutiérrez, responsable de la investigación, dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), unos mil 200 migrantes son asegurados en la Ciudad de México cada año.
En el plano nacional, informó, que 32 mil 519 menores de edad fueron repatriados, 9% de las deportaciones anuales son niños y niñas migrantes, y 7 de cada 10 niños y niñas repatriados eran no acompañados.
Álvarez Gutiérrez comentó que la CDHDF recibe al año 48 quejas, las cuales revelan que a mayores restricciones migratorias para el ingreso, tránsito, y permanencia de las personas migrantes, estas serán más propensas a ser víctimas de violaciones a derechos humanos.
Explicó que el 76.36% de las quejas de migrantes son de personas procedentes del continente americano, mientras que las quejas interpuestas por ciudadanos europeos representan 6.32%.
De acuerdo con el informe presentado este día, los casos de discriminación reportados son la agresión policial a un ciudadano nigeriano en 2011, la agresión y robo de pertenencia a un ciudadano haitiano en 2007.
Con respecto al ámbito penitenciario, la CDHDF indicó que ha recibido quejas de personas, principalmente provenientes de Camerún, Honduras y Sudáfrica, que han sido sometidas a malos tratos y condiciones injustificadas de aislamiento y privación de los alimentos.
De manera despectiva, refieren, han sido llamados “negros”.
Asimismo hay 11 casos en donde personas migrantes, todas ellas centroamericanas, fueron víctimas de extorsiones, detenciones arbitrarias y agresiones a su integridad personal. 18 han sido víctimas de estas agresiones en las centrales de autobuses. Tres víctimas han sido mujeres.
En ocho casos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue señalada, mientras en los tres restantes se aludió a personal uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
Algunas de las Recomendaciones que hace el estudio a estas dependencias son: instaurar la interculturalidad como Principio transversal de la política de Gobierno, recursos financieros para poder hacer efectiva la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, y a la brevedad poner en marcha la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana.
Asimismo se pidió poner especial atención en el estado en que se encuentran las mujeres extranjeras que viven en reclusión en la ciudad, sobre todo para no obstaculizar su derecho a la visita familiar y al contacto con el mundo exterior.
Además de generar condiciones que permitan, incentiven y faciliten la denuncia de aquéllos cuando se cometan violaciones a derechos humanos o delitos en el Distrito Federal.
En el caso de las Centrales de Autobuses, exhortaron a que la SSPDF y la PGJDF se coordinen para realizar las investigaciones necesarias ante la comisión de probables delitos descritos en este análisis, y evitar que éstos puedan escalar en intensidad y gravedad.
También pidieron que se garantice el papel del Sistema DIF en la protección y salvaguarda de los derechos y la integridad de niños y niñas migrantes no acompañados, al otorgar facilidades de estancia.
Leonardo Mier Bueno, Coordinador de Vinculación Estratégica de la CDHDF, señaló que la situación diferenciada para las personas migrantes, en especial en situación irregular se traduce en el ejercicio de una ciudadanía residual, así, el discurso social y político se expresa en posiciones jurídicas y prácticas institucionales que limitan, niegan, sancionan, condicionan o discriminan a quienes no son considerados iguales.
Destacó la falta de información y el hecho de que la política migratoria del Estado mexicano se sigue centrando en una visión securitista, que privilegia los riesgos que implicarían estos flujos en términos de la seguridad nacional, en lugar de privilegiar una política centrada en la protección de la persona humana y la atención humanitaria como esta situación amerita.
